El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata. En el país, solo en 2020, la Fiscalía registró 102 casos. Ninguno cuenta con sentencia.

Desirée Yépez/ @Desireeyepez

Es invisible y silenciosa. Pero en Ecuador, siete de cada diez víctimas de trata son mujeres y niñas, de entre 13 y 27 años. El dato, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), refleja que la explotación sexual y laboral también tiene rostro de mujer. La pandemia por coronavirus desdibuja sus alcances, pero está ahí al acecho. Puede estar ocurriendo ante nuestros ojos. 

En 2013, la Asamblea General de la ONU designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. El objetivo es concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y promocionar y proteger sus derechos. En el país, solo en 2020 -en plena emergencia sanitaria- la Fiscalía General del Estado (FGE) atendió 102 casos. En lo que va de 2021, ya suman 58.

Para empezar, hay que entender que la dinámica en Ecuador se aleja de las escenas de película. De esas donde las víctimas son trasladadas de país en país dentro de redes súper estructuradas. Acá, sucede mayoritariamente al interior de las provincias, de forma “doméstica”. Muchas veces los victimarios son cercanos. Verónica Supliguicha, de Fundación Alas de Colibrí, expone que en un alto porcentaje hay familiares involucrados. “Este dato no es menor porque rompe el mito de la sagrada familia. Es la misma familia que vulnera los derechos y es más silenciado justamente por eso”, explica la experta. Desde 2012, la organización cuenta en Quito con una casa de acogida y ha constatado que puede ser la última fase de una serie de violaciones previas de derechos. “Hay historias de violencia, de maltrato psicológico, físico y sexual”, menciona. Actualmente, una niña de 12 años es la más joven entre las rescatadas que alojan.

Este delito tiene alcances distintos, pero configura una forma de violencia de género. Gilberto Zuleta, oficial regional del Programa Global contra la Trata de Personas de la UNODC, enfatiza en que sus fines se sostienen en los roles sociales. Es decir, el grupo más vulnerable -niñas, adolescentes y mujeres adultas- es buscado para explotación sexual; pero, también, para “servidumbre doméstica”. La población de riesgo incluye a las LGBTIQ+, “que están en condiciones de exclusión desde sus hogares y de discriminación laboral”.  De acuerdo a los datos oficiales, casi un 39% de víctimas son niños y hombres explotados para  trabajo forzoso. Tareas que requieren mayor esfuerzo físico como minería, pesca, extractivismo y construcción. Esto golpea con fuerza entre indígenas, afro, migrantes y refugiados.

La pandemia exacerbó los niveles de vulnerabilidad y se convirtió en una oportunidad para que los tratantes modifiquen su modus operandi. “En época de confinamiento, la policía estuvo volcada a otro tipo de trabajo más que al proceso de investigación de estas situaciones”, enfatiza Supliguicha. Desde la UNODC se señala que ante las restricciones de movilidad, los delincuentes se volcaron a internet para hacer ofertas laborales fraudulentas o posibilidades de vínculos sentimentales, que son el gancho para conseguir personas en condiciones de necesidad económica o de migración irregular.

Ahora se generan los “ciberflujos”. Una persona puede ser explotada a través de actividades de contenido sexual mediante la web y los clientes explotadores acceden a imágenes o videos sin que el tratante desplace a la víctima; y ejercen mayor control para evitar denuncias. “Las cifras actuales o porcentajes en el último año han sido muy pocas en relación al riesgo que existe”, enfatiza el representante de UNODC.

“Definitivamente lo más común es la captación por internet. Me hago amigo por redes sociales, te convenzo de que dejes tu hogar, porque en la pandemia el estrés familiar y la violencia se incrementó… Así fueron captadas sobre todo menores de edad y, lastimosamente, explotadas sexualmente”, detalla Tomás Guayasamín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, del Ministerio de Gobierno. Desde 2019, Ecuador tiene un Plan de Acción Contra la Trata de Personas (PACTA), el cual integra cuatro ejes: prevención, protección, investigación y gobernanza. 

Como parte de la iniciativa se desarrolló un mapa virtual que sistematiza información desde 2017. La herramienta muestra que Quito (Pichincha) y Guayaquil (Guayas) son los ‘focos’. Que más del 70% de afectadas son niñas y mujeres, entre 12 y 29 años. “Las rutas de captación, traslado y destino están preponderantemente en la sierra y costa. La explotación laboral se concentra en la sierra norte y centro. En mendicidad, tenemos Pichincha como origen y tránsito con destino hacia Santo Domingo. Y en lo que se refiere a reclutamiento forzoso, con finalidades de trata, tenemos El Oro como punto de origen y tránsito con destino a Guayas, Santa Elena y Manabí”, detalla Guayasamín. 

De acuerdo a la Fiscalía, en 2020, de los 102 casos reportados, la mayoría de denuncias se produjo en Pichincha (23) y Guayas (18). En ese contexto, Eduardo Estrella, experto en género y trata, puntualiza que se aprovechan las situaciones de abandono donde no hay visibilidad de las autoridades. “Con la migración, se nos hace tan común ver a migrantes haciendo labores de comercio o mendigando en alguna esquina… Se nos hace tan común que se facilita captar y que nadie lo note”. Por eso, se capta lejos de los centros urbanos y se explota en las ciudades.

El oficial de la UNODC indica que Ecuador también se ha configurado como una “ruta de tránsito” para las víctimas -principalmente venezolanas- que viajan desde Colombia para llegar a países como Perú, Chile, Bolivia… Sin embargo, desde el Ministerio de Gobierno se confirma que mujeres ecuatorianas han sido rescatadas de la explotación sexual en Venezuela y Argentina; e indígenas explotadas laboralmente en Chile. Desde Alas de Colibrí se ratifica que se ha atendido rescatadas en Brasil, Chile, Argentina. 

Sobre esto, Estrella precisa que, aunque son pocos los de trata externa, una de las formas más comunes es captar en comunidades indígenas (niñas, niños, adolescentes), supuestamente con fines “culturales” para llevarlas a lugares como Chile, Brasil e incluso Japón. “Se les da información de que se les entregará una beca de estudios y en realidad se las explota. Han sido encontrados en zonas de metro con la ropa típica de la comunidad, vendiendo productos, bailando o haciendo algún acto en beneficio económico de los tratantes”. 

Una de las mayores dificultades en la atención tiene que ver con la impunidad. Los números dan cuenta de ello. De los 102 casos reportados por la Fiscalía en 2020, no hay ninguna sentencia. Además, desde 2014, cuando se tipificó la trata en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), 2016 fue el año con más denuncias (179) y apenas once recibieron sentencia condenatoria. 

Sobre esto, las mujeres también son mayoría a escala regional entre las sentenciadas. El informe 2020 de la UNODC sobre trata de personas identifica que muchas víctimas son explotadas para cometer el delito. La razón tiene que ver con una cuestión de género: por el imaginario basado en un rol social, ellas pueden generar mayor confianza al proponer una oferta de trabajo en el exterior o de servicio en un hogar. Es ahí donde se convierten nuevamente en víctimas, pues al ser el eslabón más débil en la cadena: son capturadas, procesadas y condenadas.