MANIFIESTA EC

enero 28, 2021

Diariamente, en Ecuador 7 niñas paren y 7 niñas abortan

Redacción Manifiesta/ @ManifiestaEc 

Solo los representantes de Juntos Podemos (Paúl Carrasco-Frank Vargas Anda) y Democracia Sí (Gustavo Larrea-Alexandra Peralta) se interesaron en la presentación del informe Nuestros Derechos – Nuestras Demandas (2020) y la Agenda nacional por los derechos sexuales y reproductivos (DSDR) de las mujeres ecuatorianas, impulsada por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y la Fundación Desafío. Dos de los 16 representantes a la Presidencia de la República. 

La mañana de este 19 de enero se hizo la exposición del documento que expone que los DSDR son los más vulnerados. La afirmación se sostiene en los indicadores, obtenidos de estadísticas oficiales; es decir, proporcionadas por el Estado ecuatoriano y organismos internacionales. 

La Constitución del Ecuador a través de más de cinco artículos reconoce estos derechos en materia de no discriminación, salud y prevención de violencia. Lo mismo ocurre a escala internacional, con los instrumentos jurídicos impulsados desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Pero en el país no se cumple. 

En la Agenda presentada este martes, Virginia Gómez de la Torre, directora ejecutiva de la Fundación Desafío, explica que los DSDR “están en el cuerpo físico, mental, social, su ejercicio expresa los momentos más intensos de placer corporal y espiritual. El goce sexual percibido en todas las corporalidades sexuales que existen. El goce del embarazo deseado, del parto respetado expresan la misma libertad del aborto seguro, legal y gratuito. La maternidad será deseada o no será”. 

Los datos, que se alimentan de la información proporcionada por instituciones como el Ministerio de Salud Pública (MSP) o el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), reflejan una realidad crítica. Una situación que deberá ser atendida por el próximo Gobierno y la Asamblea Nacional. 

Por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (2019), 33 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Tres de cada 10. Casi ninguna denunció: el 96%. 

Una de las prioridades en ese sentido es la despenalización del aborto por violación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido como esencial el acceso al servicio de aborto legal y seguro en caso de violación y no criminalización de las mujeres que acuden al sistema sanitario con abortos en curso. Paradójicamente, los datos del Consejo de la Judicatura revelan que existen 148 casos en proceso judicial, número que integra a niñas, adolescentes, y mujeres pobres.

A las niñas menores de 14 años se las sentencia a “medidas socioeducativas”. Algo así como trabajo social… Sucede que en el país, cada día 7 niñas paren de su violador y 7 abortan. La cifra es un subregistro. De acuerdo al informe, “el estigma y el miedo impiden que se registre en el sistema de información”.

Con la pandemia, la situación empeora. Entre marzo y mayo de 2020 el MSP y el IESS no realizaron 12.5 millones de atenciones en prevención y promoción, lo cual incide en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva, atención de la violencia basada en género, prevención y atención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH. En ese lapso, las atenciones en los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva se redujeron entre 45% y 60% comparado con 2019.

 

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